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Última actualización: 14/8/2018
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Watson R. Council of Europe tackles drug industry’s “less noble” side
British Medical Journal (BMJ)
13 de octubre 2015
Volumen 351 página(s) h5474

Parlamentarios de 47 países europeos han aprobado por amplia mayoría su apoyo a la aplicación de medidas que garanticen una mayor transparencia de las relaciones de las compañías farmacéuticas con el sector salud. En particular, piden que las compañías hagan públicas sus relaciones con el sector y que hagan públicos los costes reales de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Estas propuestas se describen en la Resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 29 de septiembre, dirigida a los gobiernos nacionales. Aunque este texto no tiene validez legal, tiene un valor político y moral, pues fue aprobado por políticos elegidos en sus países, por 118 votos a favor y 7 abstenciones.

Liliane Maury Pasquier, diputada suiza que participó en la redacción, insistió en que esta iniciativa no es un ataque contra la industria, aunque indicó que la industria tiene un “lado menos noble”. “Como diputados preocupados por la calidad y sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud, es nuestro deber garantizar que los intereses privados de la industria pisoteen los intereses públicos de salud o imponga una carga excesiva a nuestros presupuestos”.

Las recomendaciones reflejan una fuerte sensación de que muy pocos de los numerosos nuevos medicamentos comercializados ofrecen un efecto beneficioso terapéutico real, así como la preocupación por los precios “disparados” de los nuevos medicamentos, sobre todo los oncológicos y los de la hepatitis C.

La Resolución llama a los gobiernos a garantizar que los profesionales sanitarios reciben formación sobre la influencia de la promoción comercial de medicamentos y sobre la manera de responder a ella. También les llaman a crear una autoridad independiente que realice un seguimiento de los intereses comunes entre compañías farmacéuticas y el sector sanitario.

Además, propone un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción comercial, y que las cantidades recaudadas se destinen a la formación independiente de los profesionales de la salud, así como una regulación estricta de las puertas giratorias entre industria y administración sanitaria, y la necesidad de apoyar a las asociaciones de pacientes con fondos públicos, con el fin de evitar su dependencia excesiva de fondos privados.

Asimismo, recomienda procedimientos de autorización de nuevos medicamentos más rigurosos, incluida la aplicación de una cláusula de necesidad, según la cual un fármaco debe ser evaluado en función de su necesidad. Las decisiones sobre las definiciones diagnósticas de enfermedades y de los umbrales para su tratamiento deben basarse en consideraciones de salud pública, y no ser determinadas por el lucro. Además, las compañías deben publicar los resultados de todos los ensayos clínicos sobre fármacos y los gobiernos deben prohibir cualquier iniciativa que tenga por objeto retrasar la comercialización de medicamentos genéricos sin justificación médica.

La asociación de la industria farmacéutica en Europa, EFPIA, declaró que está preparada para comprometerse en cualquier proyecto que “mejore el acceso de los pacientes a los medicamentos”, pero insistió en que se debe respetar la libertad comercial de las compañías. La EFPIA recuerda que “ya tiene códigos de buenas prácticas y, desde el año próximo, sus compañías publicarán detalles de sus relaciones financieras con profesionales e instituciones sanitarios.