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Última actualización: 5/8/2020
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Colgrove J, Abiola S, Mello MM. HPV vaccination mandates - Lawmaking amid political and scientific controversy
The New England Journal of Medicine (N Engl J Med)
19 de agosto 2010
Volumen 363 nº 8 página(s) 785-91

En junio de 2006 se aprobó la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) fabricada por Merck (Gardasil®). Inmediatamente en Estados Unidos el Comité Asesor sobre Vacunaciones recomendó la vacunación de las niñas a partir de 11 o 12 años. En un año, los legisladores de 41 estados de EEUU habían propuesto diferentes tipos de medidas con el fin de aumentar la captación de la vacuna: campañas "educativas", subsidios públicos y exigencia de cobertura por sistemas de aseguramiento.

En 24 estados se aprobaron legislaciones o normas que obligaban a la vacunación.

Los calendarios vacunales, al igual que otras medidas de salud pública, tienen un componente ético y político, porque invaden la autonomía del individuo. La vacunación obligatoria contra el VPH es especialmente complicada, porque se sitúa en la intersección de dos áreas que son objeto de controversia: la seguridad de las vacunas y la sexualidad de las adolescentes.

El debate sobre la obligatoriedad de la vacunación frente al VPH constituye un estudio de caso en legislación sanitaria. Dado el importante papel de la vacunación obligatoria para evitar las enfermedades prevenibles con vacunas, es necesario conocer los determinantes de las políticas de salud en esta cuestión.

Los autores se entrevistaron con 73 informadores clave en seis estados, que habían participado activamente en las deliberaciones legislativas y políticas sobre la vacuna contra el VPH.

Las personas que respondieron la entrevista consideraron mayoritariamente que es exigible una mayor garantía de seguridad de las vacunas comparadas con los fármacos prescritos con finalidad terapéutica, porque las primeras son administradas a personas sanas. Otras personas opinaron que para que una legislación de vacunación obligatoria sea aceptable es preciso más tiempo para difundir el mensaje sobre su necesidad.

Otro factor contrario a la obligatoriedad fue que algunos "conservadores sociales" (así se los denomina en el texto) consideraron que proteger adolescentes de una enfermedad de transmisión sexual podría amenazar el seguimiento de mensajes de prevención en los que se recomienda la abstinencia.

Otros argumentos fueron el relativo a que el VPH no se transmite por contacto en las aulas, el efecto negativo de la participación excesivamente activa de Merck en la diseminación de mensajes agresivos sobre la vacuna contra el VPH y el elevado precio de la vacuna (320 $ para las tres dosis recomendadas).

Se opusieron a la vacunación la antipatía ciudadana frente a las medidas coercitivas de la administración pública, el activismo antivacunas y diversos aspectos del proceso de aprobación e instaurción de las nuevas legislaciones.

Los autores concluyen que los principios éticos y legales obligan a que las leyes de salud pública hagan el menor uso posible de las medidas restrictivas para alcanzar objetivos de salud pública.