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Última actualización: 21/7/2018
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Haffajee RL, Mello MM. Drug companies’ liability for the opioid epidemic
The New England Journal of Medicine (N Engl J Med)
14 de diciembre 2017
Volumen 377 nº 24 página(s) 2301-5

La epidemia de mortalidad por opiáceos ha causado la muerte de más de 300.000 personas en EEUU entre 2000 y 2017. A pesar de que una proporción creciente de las muertes son atribuibles a heroína y a fentanil de fabricación ilegal, la mayoría de las personas con adicción a los opiáceos comenzaron recibiendo estos fármacos por prescripción médica.

En el 2000 se comenzaron a presentar demandas contra compañías por este motivo. El número de demandas (la mayoría contra la compañía Purdue, comercializadora de oxicodona, resueltas con multas de bajo importe, siempre de menos de 30 M$, excepto una demanda del gobierno federal, que se resolvió en 2007 por el pago de 600 M$ por la compañía Purdue) ha crecido.

Son de especial interés las demandas interpuestas contra fabricantes y distribuidores por el gobierno federal y docenas de estados, condados, ciudades y tribus nativas. Dado que el mismo gobierno está reclamando daños y pide la restitución para poder reparar los sistemas sociales debilitados por la adicción a opiáceos, estas demandas evitan las defensas que culpan a los consumidores y a los prescriptores. Además, generan una considerable publicidad.

Hay demandas centradas en los efectos sobre la salud pública. Los demandantes alegan que las compañías comercializadoras interfirieron “de manera irrazonable” en la salud pública, al sobresaturar el mercado de drogas sin poner en práctica mecanismos de control frente a la posibilidad de uso abusivo y de desviación del consumo.

Otras demandas, a menudo procedentes de Medicaid, se centran en las prácticas comerciales de las compañías, que consideran engañosas. Los demandantes acusan a las compañías de dar una imagen falsa del potencial adictivo y de la efectividad de sus productos. Estos argumentos fueron poderosos en la época de las demandas contra compañías tabacaleras.

Un tercer tipo de demandas se centra en la inexistencia de mecanismos suficientes para vigilar las prescripciones sospechosas.